El Consejo de la Verdad inicia trabajo para documentar violaciones a derechos humanos durante la Operación Metro Surge

Por Rosa Tock | agosto 2026

En marzo de 2026, unas semanas después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) decidiera por fin empezar a desmantelar la Operación “Metro Surge” y remover de Minnesota a por lo menos tres mil agentes de inmigración y de la patrulla fronteriza, el Gobernador Tim Walz emitió el decreto ejecutivo 26-05 para establecer el Consejo de la Verdad de Minnesota. Su nombre oficial es Consejo del Gobernador para Documentar la Verdad sobre la Operación Metro Surge y la Operación revisión posterior a la admisión de los refugiados y fortalecimiento de la integridad o PARRIS.

La finalidad de este Consejo es crear un archivo público sobre la violación de derechos humanos y civiles a raíz de los operativos federales que, en lugar de procurar seguridad, causaron caos, terror y disrupción en el diario vivir de los minesotanos. Según su mandato, este Consejo elaborará un informe final con conclusiones y recomendaciones para prevenir la repetición de conductas ilegales o perjudiciales por parte de agentes federales; documentar los daños y abusos sufridos por los residentes, negocios, escuelas, guarderías y localidades; y documentar cómo los y las minesotanas se unieron, se apoyaron mutuamente y perseveraron durante dichos operativos. El Consejo no posee la autoridad para investigar ni procesar a agentes federales u otras fuerzas de seguridad implicadas.

Según varios estudios realizados, se ha contabilizado en $700 millones el costo económico en materia de pérdida de ingresos para los negocios, salarios y costos adicionales para la municipalidad en la ciudad de Minneapolis. En Saint Paul, se estima que los negocios perdieron $165 millones en ingresos. Además, existen acusaciones de acciones ilegales por parte de los agentes federales, entre ellos los asesinatos en enero de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que ejercían su derecho a la protesta y ayudaban a sus vecinos inmigrantes.

Si bien la presunta intención de esta operación a gran escala – sin comparación alguna en los Estados Unidos –, estaba destinada a aprehender solamente a criminales, el reporte de Human Rights Watch, “Una crisis fabricada”, indica que de los aproximadamente 4,000 inmigrantes detenidos, la gran mayoría (64 por ciento) no tenían antecedentes criminales. La misma fuente explica que muchos de ellos eran ciudadanos, refugiados o residentes permanentes, y que existió una clara política de detener a individuos con base en su apariencia racial o étnica.

El Consejo, que solamente tiene una duración de seis meses, está conformado por 15 miembros, entre ellos expertos y líderes comunitarios, así como prestigiosos abogados e investigadores sociales. En este consejo, destacan dos líderes de la comunidad Latina, Liliana Letran-García, presidenta y CEO de Comunidades Latinas Unidas en Servicio (CLUES) y Pablo Obregón, director de fortalecimiento comunitario de la municipalidad de Willmar, una de las tantas áreas rurales donde también se efectuaron varios operativos contra la población inmigrante y refugiada.

El Consejo tiene establecida una agenda, con cuatro sesiones de trabajo de los miembros, y cuatro sesiones públicas en el Capitolio, las cuales tendrán lugar el 26 de agosto y el 9, 19 y 29 de septiembre. A partir de la colección de datos, investigación, recopilación de testimonios y análisis de la información, el Consejo presentará, el 1º de diciembre, un reporte con recomendaciones sobre cambios de políticas públicas y legislación al Gobernador, la legislatura estatal y los congresistas por el Estado de Minnesota.

Todos y todas en el estado pueden participar y contar su historia. No se descartará ningún testimonio. Para hacerlo, existen varias modalidades. El Consejo, en asociación con la organización no gubernamental Defensores por los Derechos Humanos (AHR), tiene disponible un portal donde las personas afectadas, ya sea inmigrantes, refugiados, observadores, ciudadanos, periodistas y la comunidad, pueden brindar su historia sobre estos hechos. AHR también ha entrenado a recopiladores de historias – voluntarios comunitarios –, que están debidamente capacitados para escuchar y apoyar en la recopilación de historias de los principales afectados y del público en general. La participación es voluntaria, puede ser anónima si se desea y los testimonios pueden ser compartidos desde fuera de Minnesota, incluso desde el extranjero.

Este Consejo no es el único en el país. En Illinois, el gobernador JB Pritzker también instauró una entidad similar, la Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois. La Comisión presentó un exhaustivo reporte al Gobernador en abril pasado, con un registro público sobre la conducta de los agentes federales durante la “Operación Midway Blitz”, entre septiembre y diciembre 2025. Al igual, el establecimiento del Consejo de la Verdad en nuestro estado marca un hito histórico para que este tipo de situaciones y abusos no queden en la impunidad ni en el olvido. Es tiempo de reconstruir y dignificar a las comunidades, conociendo la verdad.
Para mayor información y cómo puede contribuir en este proceso, consulte theadvocatesforhumanrights.org/MNTruthCouncil.

• Facebook
• ShareCopied to clipboard